Introducción
Durante
la década del '90 la política económica
Argentina tuvo como elementos característicos,
entre otros, la convertibilidad monetaria de $1 =
u$s1, la apertura del comercio exterior, la privatización
de empresas públicas y la eliminación
de la emisión monetaria para cubrir eventuales
déficits fiscales.
En
el sector agropecuario medidas como la sanción
de la Ley de Puertos, el dragado del río Paraná
y la firma del Tratado de Asunción constituyendo
el MERCOSUR, apoyadas por nuevos modelos tecnológicos
como la siembra directa y la utilización de
variedades transgénicas, contribuyeron a lograr
una fuerte suba en la producción granaria.
Este
modelo se mantuvo con escasas variantes hasta fines
del 2001, cuando se produjo una modificación
en la política económica y el marco
regulatorio que trajo aparejados cambios significativos
en las instituciones y las relaciones contractuales
existentes hasta ese momento. El abandono de la convertibilidad
monetaria, la pesificación de los depósitos
y deudas en dólares y la profundización
del llamado “corralito” financiero, fueron
algunos de los aspectos más relevantes de dicho
cambio.
En
este escenario, los impactos sectoriales que se produjeron
han sido bastante asimétricos entre sectores
y aún dentro de un mismo sector. La actividad
granaria, netamente exportadora, por un lado se vio
beneficiada por la devaluación pero, por otro,
quedó sujeta a la aplicación de retenciones
e incrementos en el costo de los insumos importados,
componentes críticos de los paquetes tecnológicos
implementados. Como en otros sectores, el incremento
de los costos no sólo fue por los insumos,
sino que se dio en la mayoría de las transacciones
como consecuencia directa o indirecta del cambio institucional
imprevisto y desordenado, que magnificó e hizo
evidente las “fricciones” del sistema.
Muchos de estos costos no sólo resultan de
difícil cuantificación, como los derivados
de restricciones y prohibiciones en algunas actividades
financieras, feriados bancarios, cortes de las cadenas
de pago, demoras y dificultades en conseguir los insumos
por los problemas generados por el default, incertidumbre
acerca de sus precios, cortes de rutas por piqueteros
con imposibilidad de circulación del transporte
y similares, sino también de difícil
encuadramiento específico dentro de la teoría
económica neoclásica, más allá
del concepto de fallas de mercados. En cambio son
objeto esencial de tratamiento en la Economía
Neoinstitucional
Este
trabajo tiene por objetivo puntualizar algunos de
los costos de transacciones que surgieron o se incrementaron
en el comercio de granos como consecuencia de los
cambios institucionales de fines de 2001 y durante
los primeros meses de 2002 en el marco de las teorías
neoinstitucionalistas.
Materiales
y Métodos
Las
Instituciones en el Sistema Económico
La
importancia de las instituciones en el sistema económico
fue puesta de manifiesto por las teorías neoinstitucionalistas.
La base de este nuevo enfoque ha sido destacar la
importancia para el funcionamiento del sistema económico
de la estructura institucional de producción,
los costos que conllevan y los cambios que ello implica
para la política económica.
Los
precios tienen que ser descubiertos a través
de negociaciones, contratos, uso de procedimientos
aceptados en diferentes tipos de mercados, lo que
origina costos. No se pueden ignorar los mecanismos
institucionales o del mercado que gobiernan el proceso
de intercambio, que lo hacen posible y que determinan
en gran parte lo que se produce (Coase, 1991).
Las
instituciones en este contexto son definidas como
un conjunto de reglas formales e informales, incluyendo
los mecanismos para asegurar su cumplimiento (Furubotn
y Richter, 2000, p. 6). Tienen como propósito
conducir a los individuos en una dirección
particular, así que a medida que son exitosas,
las instituciones proveen el marco para las actividades
diarias y reducen la incertidumbre, definiendo la
estructura de incentivos de las sociedades y de la
economía (North, 1999). En este sentido las
instituciones contienen reglas que permiten, prohiben,
exigen, requieren comportamientos específicos,
determinando por ejemplo qué acciones son permitidas
o no, qué procedimientos deben llevarse a cabo
para determinados actos, cómo se asignan retribuciones
a los individuos, etc..
La
principal función de las instituciones en una
sociedad es reducir la incertidumbre estableciendo
una estructura estable donde se desarrollan las interacciones
individuales (North, 1999, p. 6). Dentro de estas
instituciones es de fundamental importancia la propiedad,
dado que la teoría neoclásica también
supone no sólo perfecta información
en el intercambio, sino también derechos de
propiedad perfectamente definidos y garantizados.
Sin las instituciones apropiadas no es posible una
economía de mercado significativa y sin las
garantías de derechos de propiedad no hay incentivos
para los agentes económicos.
Si
los costos de un intercambio son mayores que la ganancia
que ese intercambio traería, el mismo no tendrá
lugar y la mayor producción que se deriva de
la especialización no se realizará (Ibid.,
p. 231). Así es como los costos de transacciones
no solamente afectan los mecanismos contractuales
sino también los bienes y servicios que se
producen.
La
estructura institucional no necesariamente tiene que
ser eficiente y la estabilidad no significa inamovilidad
absoluta, sino que las instituciones también
van evolucionando con el tiempo. Sin embargo, pueden
darse alteraciones rápidas y profundas como
resultado de decisiones políticas o judiciales.
Cuando ello ocurre no es posible esperar que funcionen
normalmente (Furubotn y Richter, 2000).
La
Institución de la Propiedad y los Costos de
Transacciones(1)
(1)
Esta sección se basa en North, 1999, Cap 8,
pp. 61-69.
La
institución de la propiedad, acompañada
por derechos de propiedad asegurados y protegidos,
es considerada la más común y efectiva
institución que provee a la gente incentivos
para crear, mantener y acrecentar activos. La relación
entre derechos y restricciones en un intercambio pueden
considerarse:
*
A nivel de cada transacción. La propiedad incluye
un conjunto de derechos sobre un activo que en una
transacción se puede ceder a cambio de una
suma de dinero. Como es imposible formular contratos
perfectos, donde estén estipuladas todas las
posibles contingencias futuras, son las instituciones
las que determinan cuán costosa puede ser cada
transacción. El costo estará basado
en los recursos necesarios para medir los atributos
físicos y legales de lo que se intercambia,
para supervisar y hacer cumplir el acuerdo, de la
incertidumbre que puede surgir por la información
asimétrica de las partes acerca de las condiciones
del bien, de las condiciones financieras, poder negociador
y oportunismo de las mismas, así como de otras
condiciones más globales que pueden afectar
el resultado del intercambio, incluyendo la estabilidad
del nivel de precios, la seguridad de la propiedad
contra default, expropiación, etc..
Desde
esta perspectiva los costos de transacciones no solamente
incluirán aquellos explícitos de mercado,
como comisiones, seguros, intereses, etc. sino también
el costo de oportunidad del tiempo dedicado a buscar
la información acerca del bien a transar y
sus atributos y de hacer cumplir sus derechos (Eggertsson,
1999, p.14). La diferencia entre los relativamente
eficientes mercados de los países desarrollados
y los de los no desarrollados reside en la incertidumbre
respecto a la seguridad de los derechos.
*
A nivel de la producción de bienes y servicios.
El marco institucional tendrá impacto sobre
los costos de transacción por su relación
con la estructura de derechos de propiedad. También
afectará los costos de producción por
la influencia sobre la tecnología empleada.
La combinación de insumos y factores que necesite
o elija la empresa según su función
de producción requerirá la provisión
de los mismos con todas las características
que involucran las transacciones. Tanto los mercados
de productos como de factores comprenden un conjunto
de instituciones que pueden promover actividades que
faciliten a la empresa la verificación de la
calidad y cantidad de insumos y productos, incrementen
la productividad o contrariamente, incluyan barreras
de entrada, restricciones monopólicas o encarezcan
el flujo de información.
La
inseguridad de los derechos de propiedad resultará
en tecnologías que eviten inversiones y compromisos
de largo plazo y en un conjunto de vías informales
y procedimientos paralelos en la obtención
de insumos sobre todo si incluyen importaciones, de
lo que resultará en elevación de los
costos transaccionales alterando los precios relativos
y, por ende, la tecnología empleada.
*
Para la economía en su conjunto. Siguiendo
a North (1999), el marco institucional en los países
no desarrollados no tiene la estructura formal ni
la garantía de cumplimiento indispensable para
la estabilidad y el funcionamiento eficiente de los
mercados.
Por
un lado, cuando los derechos de propiedad son inseguros,
pueden ser restringidos o perdidos en algún
punto futuro sin pago de una compensación justa,
aumentando el costo de su uso. El nivel de las tasas
de interés en los mercados de capitales puede
ser un indicador de este aspecto. Por otro, el alto
riesgo de no encontrar una solución rápida
a las controversias de parte del sistema judicial
lleva a la necesidad de confiar en acuerdos más
personalizados. En ellos, una gran parte del tiempo
y los recursos se destinan a buscar las formas de
prever situaciones de incumplimiento de la otra parte.
Este
marco institucional, según North, es el que
determina la estructura básica de producción,
que tiende a perpetuar el subdesarrollo. Los países
entonces son pobres porque las restricciones institucionales
definen el conjunto de retornos (payoffs) a la actividad
económica/política que no promueven
la actividad productiva. Las mayores ganancias se
encuentran en el comercio, actividades redistributivas
y el mercado negro. Predominan las empresas pequeñas
y cuando hay empresas grandes, tienden a subsistir
con protección tarifaria, con subsidios y otros
favores gubernamentales.
En
síntesis, un marco institucional bien definido,
estable, donde haya reglas claras y respeto a los
derechos de propiedad son condiciones esenciales para
el buen funcionamiento del sistema económico
en su conjunto y en cada una de sus partes y su funcionamiento
demanda recursos. Cuando se producen cambios rápidos
en el marco institucional, como se produjo a causa
de alteraciones en la política económica
de Argentina a partir de diciembre de 2001, la incertidumbre,
la asimetría de la información, la necesidad
de reformular y monitorear contratos, prever y resolver
los litigios que surgen, etc. trae aparejado un aumento
en el costo de las transacciones en todos los niveles.
En
la siguiente sección se esbozarán las
principales características de la política
económica argentina en la década del
'90 para puntualizar sobre esa base los cambios ocurridos
a partir de diciembre de 2001 y algunos de los costos
transaccionales a que ha dado lugar.
La
Política Económica de los '90 y su Impacto
sobre el Sector Agropecuario
En
los primeros años de la década del noventa
se produjeron cambios institucionales (políticos,
legislativos, etc.) que permitieron un empuje sostenido
del sector agropecuario y agroindustrial. Según
Obschatko (1992), "la esencia de estas transformaciones
y en particular en lo que se refiere a las perspectivas
de un modelo exportador basado en el agro y la agroindustria,
se centra en los siguientes elementos: a) la convertibilidad
de la moneda local; b) la neutralidad fiscal, a través
de la eliminación de impuestos sectoriales
específicos (retenciones a la exportación
de productos agropecuarios) y en general de los que
afectaban a las exportaciones y la generalización
del Impuesto al Valor Agregado; c) la apertura de
la economía (a través de la reducción
de los aranceles de importación) y simplificación
de la estructura arancelaria; d) la eliminación
de la emisión monetaria para cubrir los eventuales
déficit fiscales y la fuerte reducción
del peso del crédito público en la financiación
de la actividad sectorial".
Otros
aspectos específicos que contribuyeron a mejorar
la competitividad del sector fueron la sanción
de la Ley de Puertos que autorizó la instalación
de puertos privados, así como el dragado del
río Paraná permitiendo una rebaja en
los costos portuarios. La privatización del
transporte ferroviario implicó un proceso de
competencia en las tarifas con el camión.
Un
factor clave en el crecimiento dinámico del
sector fue la firma del Tratado de Asunción
en marzo de 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay con el objetivo de constituir el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR). Esto posibilitó
la absorción de economías de escala
para muchos productos de la región pampeana
y de las economías regionales.
Esta
sumatoria de hechos permitió una importante
suba de la producción granaria, apoyada por
nuevos modelos tecnológicos (siembra directa,
variedades transgénicas, etc.).
Durante
la convertibilidad se fue generando un déficit
de cuenta corriente, sobre todo por el déficit
comercial provocado por el mayor incremento de las
importaciones, en especial bienes de capital e insumos
intermedios. Este déficit tenía como
contrapartida el ingreso de capitales que iban esencialmente
a formar parte de las inversiones de riesgo.
En
la segunda parte de los noventa, al no producirse
las reformas esperadas en el sector público,
el gasto del mismo aumentó al menos al ritmo
del incremento del producto, no sucediendo lo mismo
con la recaudación fiscal, lo que llevó
a un déficit público que provocó
un endeudamiento creciente.
En
el segundo semestre de 1998 el país comenzó
una fase recesiva que se consolidó con el final
del Plan Real de Brasil en enero de 1999, ya que este
país devaluó su moneda llevando el régimen
cambiario de tipo fijo a variable con flotación
sucia. El impacto que se produjo sobre Argentina tuvo
dos vertientes: una, por la pérdida de competitividad
del país frente a Brasil, destino de un tercio
de las exportaciones y otra, por la desconfianza subyacente
en el mercado de capitales ante la nueva situación
cambiaria en Brasil y el régimen existente
en Argentina.
A
fines de 1999, tuvo lugar un cambio institucional
accediendo al gobierno una nueva administración,
cuyos lineamientos económicos reflejaron una
imposibilidad política de control del gasto
público, por lo que se intentó frenar
el ascenso del déficit con el incremento de
las alícuotas tributarias, neutralizándose
de esta forma algunos indicios de reactivación.
Un
efecto externo de impacto muy importante dado el régimen
cambiario de Argentina fue la subvaluación
del dólar estadounidense con respecto a la
moneda local. Esto provocó el encarecimiento
de las exportaciones hacia otro destino que no fuera
Estados Unidos, lo que vino a sumarse a la pérdida
de competitividad con Brasil.
La
Política Económica a Partir de Diciembre
de 2001(2)
(2) El desarrollo de este punto se realizó
en base a información obtenida del Informativo
Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En
los últimos meses del 2001, el llamado “riesgo
país”, evidenciado por el diferencial
de tasas entre títulos de deuda oficiales de
Estados Unidos y de Argentina, comenzó a ascender
a niveles superiores a 1.000 puntos, lo que agudizó
el ahogo financiero interno por su impacto sobre la
tasa de interés de la economía.
Esta
situación llevó al equipo económico
a intentar una reestructuración voluntaria
de la deuda externa ofreciendo un esquema de garantías
con el fin de rebajar las tasas de interés
de los préstamos absorbidos. Para tal fin se
comenzó con un canje de la deuda que estaba
en manos de los residentes nacionales (Fase Local
de la Deuda) por un nuevo préstamo garantizado
a iguales vencimientos pero menores tasas.
Fue
a la finalización de este canje (aún
no se había iniciado la Fase Externa con los
acreedores del exterior), cuando se agudizó
un proceso de retiro de depósitos bancarios
que había comenzado varios meses atrás,
amenazando con el colapso del sistema financiero.
En ese momento, se instituyó un esquema de
retiros parciales de las entidades financieras con
fuertes restricciones al movimiento de efectivo, pero
de libre movilidad dentro del sistema a través
de cheques, tarjetas de débito o crédito.
Este sistema se conoció como “corralito
financiero”.
Esto tuvo un grave efecto sobre el humor social de
la población agobiada por la recesión,
las sospechas de corrupción en los Poderes
Legislativo y Judicial y las vacilaciones de un Poder
Ejecutivo que día a día perdía
sustento político, lo que desencadenó
en fuertes movilizaciones sociales que terminaron
provocando la renuncia del Presidente de la Nación.
Una
medida que incidió fuertemente en el sector
exportador, fue la implementación de un control
de cambios parcial(3) que consistía
en que los exportadores tenían que rendir las
divisas de sus ventas al exterior al Banco Central
y los importadores solicitar, a esa entidad, las divisas
para realizar las compras.
(3)
Artículo 5º del decreto 1606/2001, que
deroga el decreto 530/91 y restablece la vigencia
de dos artículos del Decreto del 64´y
del 86´.
El
Banco Central quedó como único organismo
autorizado a liquidar dólares para transferencias
internacionales y dicha liquidación sólo
podía efectuarse en la Argentina. Como primero
se debía liquidar y luego proceder a la devolución
de tributos o beneficios, esto significaba que el
cobro del reintegro del IVA a las exportaciones, del
factor de convergencia (factor que contemplaba la
fluctuación del peso con una canasta compuesta
por el 50% del dólar estadounidense y 50% del
euro) y el de reintegros, no se concretarían
hasta que no se hubiese rendido localmente los dólares
de las ventas al exterior.
Debido
a los problemas que surgieron en el mercado de granos
(disminución del volumen comercializado, baja
de precios, etc.), derivados de las medidas anteriores,
el gobierno realizó algunas modificaciones
entre las cuales se contaron: la eliminación
del plazo máximo de 15 días para liquidar
las exportaciones; las operaciones no deberían
ser realizadas en el país cuando estuviesen
de por medio ventas prefinanciadas o con créditos
estructurados; etc..
Luego
de la renuncia del Presidente, se vivieron momentos
de gran inestabilidad política. Los sucesivos
gobiernos que se fueron reemplazando en la conducción,
establecieron nuevas(3) medidas económicas,
entre las cuales la más importante fue la devaluación
de la moneda.
Después
de la salida de la convertibilidad, se registró
casi un mes de parálisis debido a la debilidad
de la política en materia cambiaria y financiera
por parte del nuevo gobierno. Estas indefiniciones
llevaron a que las partes involucradas pactaran soluciones.
Para el pago de las operaciones previas al 21 de diciembre
de 2001, los exportadores pactaron que las efectuadas
en dólares se pagaran a valor 1:1,40 y en pesos
de acuerdo al valor acordado.
En
el mes de enero, el gobierno adeudaba a los exportadores
más de cinco meses de devolución del
IVA (700 millones de dólares). Esto se tradujo
en un menor precio recibido por el productor, ya que
algunas empresas compraban mercadería con entrega
inmediata, pero con la condición de que el
cheque por el 9% del IVA se extendiera 60 días.
El
corralito financiero siguió vigente y con más
restricciones, ya que no se permitió disponer
del dinero depositado por los ahorristas en cajas
de ahorro o en plazos fijos.
A
principios de febrero, comenzó a operar el
nuevo sistema cambiario de flotación “sucia”.
Se anunció el reordenamiento del sistema financiero
a través de la puesta en vigencia del Decreto
214/2002 que contemplaba, entre otras medidas, la
pesificación de todos los depósitos
y las deudas. Además, se mantenían las
limitaciones para la extracción de dinero en
efectivo de las cajas de ahorro y cuentas corrientes.
La
inseguridad jurídica y económica, junto
con la liberalización cambiaria, produjeron
un rápido ascenso de la moneda estado-unidense.
El
12 de febrero, se puso en vigencia la reducción
del 50% de la alícuota correspondiente a los
reintegros a las exportaciones.
Se
profundizó la liberalización del mercado
cambiario. El comercio exterior no tuvo más
la obligación de liquidar sus divisas a un
valor pre-establecido y diferente al de un mercado
libre. La transferencia electrónica se efectuaba
desde el banco otorgante del crédito al banco
local, después éste lo convertía
a pesos y lo depositaba en la cuenta del exportador.
El productor recibía así el precio de
exportación menos gastos de embarque y comercialización;
la dificultad radicaba en conocer cuál era
el valor al que la exportación estaba vendiendo
sus divisas.
A
partir de la Resolución 10/2002 del 4 de marzo,
el gobierno estableció que la cancelación
de las deudas concertadas en dólares, contraídas
por los contratos de canje de granos por insumos y/o
por las compraventas de insumos, sería a la
misma paridad cambiaria que se obtuviera por la exportación
de los productos agrícolas a los que se le
hubieren aplicado Conversión dólar menos
retenciones. Esto provocó problemas por la
intromisión del gobierno en contratos privados.
Luego,
el 5 de marzo del 2002, entraron en vigencia nuevas
retenciones a la exportación de productos agrícolas.
Las alícuotas para las materias primas agrícolas
eran del 10% y a las mercancías del 5%. Las
nuevas alícuotas se agregaron a las anteriores,
por lo tanto a las oleaginosas se les aplicaba un
13,5% ( 3,5 + 10).
La
demora en la liquidación de divisas por parte
de los exportadores, que incidía marcadamente
en la cotización de la moneda norteamericana,
hizo que el 22 de marzo el Ministerio de Economía
reglamentara un nuevo eje normativo de la devolución
del IVA. Por esta nueva normativa el pago de las deudas
del IVA a los exportadores, quedaba sujeto a la liquidación
de las divisas por parte del sector.
El
29 de marzo, el gobierno dispuso un aumento de derechos
de exportación de 80 productos agrícolas,
entre los que se incluyeron semillas de cereales,
oleaginosos y frutos oleaginosos, grasa y aceites,
harinas y pellets de soja y girasol. Para estos productos
se determinó un porcentaje de retención
de un 20%.
A
partir del 17 de abril, se modificó la Ley
Nº 21.453 que regulaba la exportación
de los productos de origen agrícola. Esta medida
paralizó la operatoria local. La mencionada
ley establecía que, a los fines de la liquidación
de los derechos de exportación, reembolsos,
reintegros, etc. y demás tributos que gravasen
o beneficiasen a la exportación, serían
de aplicación los regímenes tributarios,
de alícuotas, arancelario y de base imponible
vigentes a la fecha en que se tramite el permiso de
embarque. Esta decisión sorprendió al
sector exportador que no había trasladado el
porcentaje total de la incidencia de las retenciones
a los precios, dado que había realizado declaraciones
de ventas cuando las retenciones eran inferiores a
las vigentes en ese momento y tenían mercadería
para abastecer la demanda inmediata. Las compras a
los productores habían sido hechas, en su mayoría,
sobre la base de declaraciones de venta de 0 o 10%
de retenciones y, al embarcar esa mercadería,
de acuerdo con el nuevo régimen, debían
tributar el 20% del valor FOB del día en que
tramitaran el permiso de embarque.
Esta
situación provocó incertidumbre sobre
los precios de compra y de venta para el caso en que
se volviesen a cambiar los derechos al momento del
embarque. También afectaba a los contratos
de futuro de los exportadores y todos los negocios
con mercadería a entregar. Esta medida exaltó
los ánimos del sector y el gobierno se comprometió
a reverla, siendo derogada la semana del 22 de abril,
dejando una sensación de desconfianza e inseguridad.
La
continua suba del dólar y la vigencia del corralito
financiero, hizo que el mejor activo para los productores
siguiera siendo el grano, por lo tanto, éstos
decidieron retrasar las ventas. La escasez de oferta,
unida a los requerimientos de la demanda, que tenía
compromisos asumidos de antemano, explicaron los altos
precios FAS que se venían dando desde marzo
en el mercado de granos.
Resultados
y Discusión
A
nivel sectorial los cambios institucionales originaron
notorios incrementos de costos transaccionales, entre
los que se pueden puntualizar tres en particular:
en el funcionamiento de los mercados de producto disponible
y de contratos futuros, la retención de los
granos por parte de los productores y el aumento de
la evasión fiscal.
Influencia
sobre los Mercados de Producto Disponible y de Contratos
Futuros
Cuando
se estableció el feriado bancario y cambiario
a fines de diciembre de 2001, los mercados granarios
tuvieron dificultades para seguir operando. Las Cámaras
Arbitrales del país dejaron de fijar precios
el 21 de diciembre, retomando su actividad el 22 de
enero de 2002 con interrupciones periódicas
debido a los feriados cambiarios.
Igualmente,
el 21 de diciembre suspendió sus actividades
el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA)
y el de Rosario (ROFEX) continuó operando sólo
para cancelar posiciones abiertas. El MATBA reinició
su operatoria el 8 de mayo, mientras que el ROFEX
comenzó a trabajar el 17 de enero, aunque desarrolló
su labor con interrup-ciones.
En
los últimos días de funcionamiento de
los mercados a término, las posiciones abiertas,
referidas a contratos de futuros y opciones, ascendían
a 22.356 (2.235.600 toneladas) en el MATBA (Ambito
Financiero, 21/12/2001) y a 17.632 contratos (499.575
toneladas), en el ROFEX (Ambito Financiero, 31/12/2001).
Las diferencias correspondientes a esas posiciones
se determinaron en dólares, pero debían
reponerse en pesos de acuerdo a la cotización
diaria del Banco Nación, lo cual significó
para aquellos operadores que no disponían de
recursos financieros en la moneda estadounidense un
incremento significativo en sus necesidades de liquidez,
en un momento de grandes dificultades para la obtención
de créditos.
Además,
las posiciones abiertas se liquidaron a través
de precios consensuados que no surgieron del libre
juego de la oferta y la demanda, los que no dejaron
conformes a todos los operadores. Tal situación
también restringió el volumen de negocios
en los mercados a término. De acuerdo a lo
manifestado por Daniel Miró, aunque “se
buscó la forma de perjudicar a la menor cantidad
de gente posible, quedó como huella el hecho
de que no se respetaron las condiciones originalmente
pautadas”.
Asimismo,
el citado especialista señaló que otra
de las consecuencias negativas que generó la
situación de los mercados de futuros es la
pérdida de transparencia del comercio de granos
y que cuando los mercados a término funcionan
normalmente, todos conocen qué precio se paga
por cada grano (La Nación, 29/06/02).
Inmersos
en un contexto inflacionario, los mercados de futuros
no pueden desarrollarse. La incertidumbre respecto
a lo que pueda ocurrir con la relación peso/dólar
y con las retenciones a la exportación, entre
otros factores, hacen que los volúmenes operados
sean muy reducidos. A fin de ilustrar esta situación
puede señalarse que durante el año 2001
se comercializaron en los mercados de futuros más
de 25 millones de toneladas de granos mientras que,
hasta fines de junio de 2002, sólo se negociaron
poco más de 50.000 toneladas (Ibid).
En
consecuencia, dada la falta de liquidez en los mercados
a término a causa del escaso número
de operaciones, resultaba difícil diagramar
estrategias para minimizar los riesgos de la campaña
agrícola siguiente, con lo cual se limitaba
el uso de estas instituciones.
Para
limitar la incertidumbre derivada del desconocimiento
de la relación futura peso/dólar y,
de ese modo favorecer la realización de operaciones
futuras, el ROFEX creó un Mercado a Término
de dólar, el que posibilita a los interesados
en el comercio de granos “calzar” las
operaciones futuras en dólares con las de disponible
en pesos.
Consecuencias
de la retención de granos por parte de los
productores
La
total incertidumbre y las limitaciones para la disponibilidad
de dinero efectivo motivaron a los productores a retener
los granos cosechados. A partir de fines de abril,
la disminución de las ventas de trigo por parte
de los productores elevó los precios del grano
disponible y estos aumentos se trasladaron al precio
FOB de los puertos up river, el cual superó
a la cotización FOB Golfo de Méjico
(ver gráfico 1). En consecuencia, el grano
argentino perdió competitividad incluso en
el mercado brasileño, aún teniendo en
cuenta el Arancel Externo Común (La Nación,
29/06/2002).
Gráfico 1:
TRIGO. Relación precio FOB Puertos Argentinos
Up river y FOB Golfo de México |
|
| Fuente:
Elaboración propia con datos del Informativo
Semanal de la BCR. |
También
el maíz dejó de ser competitivo ya que
el precio FOB puertos argentinos se situó casi
al mismo nivel que el FOB Golfo, pero los envíos
desde nuestro país tienen un mayor costo de
flete hasta los mercados de más demanda. Por
esa razón, las ventas argentinas se limitaron
a abastecer a clientes de la región o a quienes
buscaban mercadería de mejor calidad que la
estadounidense (La Nación, 02/07/2002), dejando
desabastecidos y, consecuentemente, perdiendo otros
mercados y divisas que no ingresaron al país.
En
el caso de la soja, la retención del grano
en la principal zona productora hizo temer la pérdida
de espacios en los mercados mundiales, pues los compradores
más importantes se volcaron a otras plazas
oferentes, como Estados Unidos y Brasil (El Diario,
06/06/02). Hacia fines del mes de junio, sólo
se había exportado un 45% de las ventas potenciales
previstas por la SAGPyA, mientras que en las campañas
1999/00 y 2000/01, a esa misma fecha ya se había
vendido al exterior el 97% y el 96%, respectivamente
de las estimaciones efectuadas (Informativo Semanal,
BCR).
Aumento
de la Evasión Fiscal
Otro
efecto negativo del cambio desordenado fue la profundización
de la evasión impositiva. El desmembramiento
del sistema financiero y la proliferación de
monedas no bancarizadas (bonos nacionales o provinciales),
estimuló una vieja práctica en la comercialización
de granos: la venta “en negro” o a través
de los denominados “valijeros”.
No
sólo creció la comercialización
marginal con pagos “cash”, sino también
a través de instrumentos que les permitieron
a los productores hacerse de efectivo lo más
rápido posible, como la triangulación
de ventas vía bonos, que luego eran canjeados
en determinados comercios o empresas.
De
acuerdo a lo manifestado por acopiadores, “el
gran circuito 'negro', se magnificó, funcionando
con una red de compradores -los valijeros- encargados
de transar con los productores agropecuarios directamente
en la zona rural. Allí pagaban en efectivo
el 80% de la mercadería cargada y el resto
quedaba reservado para cubrir los descuentos por deficiencias
en la calidad del grano. Una vez deducidos esos gastos,
a los 15 días entregaban la diferencia al productor,
también al contado. Posteriormente, vendían
el cereal con un número de CUIT prestado o
lo entregaban a acopiadores que se prestaban para
el negocio, quedándose con el total del IVA”.
Aunque
no se cuenta con estimaciones confiables acerca de
la magnitud de la evasión impositiva involucrada
en las maniobras descriptas, algunos acopiadores indicaron
que más de la mitad de la soja producida durante
la campaña 2001/02 se habría comercializado
a través de los valijeros que no tributan al
Estado y cobran el reintegro del IVA. Al producirse
una caída en la recaudación del Estado,
éste debe recomponerla mediante el aumento
de alícuotas impositivas o creando nuevos impuestos,
con lo cual las empresas acopiadoras que cumplen con
sus obligaciones fiscales se ven doblemente perjudicadas:
porque pierden clientes y porque deben afrontar el
incremento de la presión tributaria (La Capital,
19/06/02).
A
nivel de empresas
A
nivel de empresas algunos aumentos en los costos fueron
explícitos y otros no tanto, en muchos casos
originados por la incertidumbre, el oportunismo y
otros aspectos que precisamente la teoría alega
da lugar a los costos de transacción. Como
ejemplo:
* el incremento en dólares de los gastos
de “fobbing”(4)
que implementaron los exportadores, tal vez justificado
por el aumento de los costos portuarios debido a
la mayor duración de los embarques y
* la duplicación en pesos de los precios
sugeridos por la Federación de Acopiadores
para el secado y acondicionamiento de los granos
o, directamente, la fijación en dólares
de las tarifas cobradas por empresas acopiadoras,
aunque la electricidad, el gas y la mano de obra
no aumentaron en la misma proporción que
la moneda estadounidense (Revista de los CREA, 2002).
(4)
Los gastos de “fobbing” son los que
están involucrados en la carga del grano
al buque, es decir, los necesarios para llevar la
mercadería en condiciones FAS (al costado
del buque) a FOB (sobre el buque).
Además,
se originaron otros gastos muy difíciles de
cuantificar, la mayor parte de los cuales pueden ser
englobados como costos derivados de los cambios en
el orden institucional, que Merlo, S. (18/05/02) denominó
“costos ocultos en el agro”, entre los
cuales cabe mencionar:
* la diferencia entre el precio “oficial”
del gasoil y la realidad del mercado, puesto que
casi no pudieron utilizarse tarjetas de crédito,
de débito o cuentas corrientes y prácticamente
cada estación de servicio fijaba el precio
que le parecía más conveniente;
* los cortes de rutas por “piqueteros”,
los cuales obligaban a incurrir en un costo adicional
en el flete con el objeto de encontrar rutas alternativas,
que muchas veces estaban en pésimo estado
y provocaban roturas o deterioros de los vehículos
así como un mayor desgaste de cubiertas;
* la menor calidad de ciertos insumos y repuestos
que, con el nuevo valor del dólar, no mantienen
las características originales y, en consecuencia,
resultan mucho menos efectivos o tienen una vida
útil sensiblemente menor.
Asimismo,
la bancarización de los recursos financieros
complejizó enormemente las transacciones aumentando
su costo en forma sensible, no sólo debido
al pago de comisiones a los bancos por la realización
de transferencias y otros trámites, sino también
por las demoras en los cobros causadas por la devolución
de cheques sin fondos o la ausencia de liquidez de
operadores a quienes demoraban la acreditación
de los importes transferidos.
Igualmente,
la existencia de un límite para la extracción
de dinero llevó a muchos operadores a incrementar
el número de cuentas bancarias abiertas, lo
que ocasionó un aumento del costo efectivamente
pagado por el gasto de mantenimiento y del costo de
oportunidad por el tiempo extra destinado al manejo
y control de tales cuentas.
Paralelamente,
las restricciones financieras dieron origen a una
gran desconfianza en el sistema bancario por parte
de los operadores en el mercado granario, quienes
prefirieron no depositar en los Bancos sus reservas
de dinero líquido sino mantenerlo en cajas
de seguridad o en sus domicilios, incrementando de
esa manera el riesgo de robo.
Los
Bancos, si bien en algunos casos extendieron el horario
de trabajo de sus empleados, no acrecentaron la dotación
de personal, por lo que creció el tiempo que
los operadores destinaron a la realización
de trámites bancarios y con él, los
costos transaccionales.
Por
todas las razones expuestas se fue atrasando la cadena
de pagos de molinos y exportadores hacia los acopiadores
y de éstos hacia los productores, quienes debieron
soportar importantes demoras para el cobro de sus
ventas. A los perjuicios causados por tales demoras
se agregó la tardanza en la devolución
del IVA a los exportadores, ya que éstos optaron
por transferir la espera a los productores.
Otro
conflicto se suscitó respecto a la cancelación
de los créditos en dólares que habían
sido tomados para la adquisición de insumos
utilizados en la campaña 2001/2002. Debido
al fracaso de las negociaciones entre los representantes
de las empresas proveedoras de insumos y del sector
productor, el Ministerio de Economía y el de
la Producción dictaron una resolución
conjunta por la cual en los contratos de 'canje de
insumos agrícolas por producto final' y/o de
compraventas de insumos agrícolas concertados
en dólares estadounidenses, el precio de los
insumos importados (fertilizantes, semillas y agroquímicos),
se cancelaría tomando en cuenta la cotización
del dólar estadounidense comprador mayorista
fijado por el Banco de la Nación Argentina
vigente a la fecha del efectivo pago al acreedor con
las deducciones que, para los distintos productos,
se consignan en el cuadro siguiente:
Tabla
1:
Reducción sobre el valor del dólar
estadounidense para el pago de insumos agrícolas |
|
| Fuente:
Boletín Oficial Nº 29.934, 1ª.
Sección (Buenos Aires, 04/07/02). |
Estos
cambios impusieron costos transaccionales en forma
asimétrica e implicaron una traslación
de ingresos entre sectores en forma arbitraria. Esto
se ejemplifica con lo ocurrido en el caso de tamberos
que hubiesen comprado maíz para utilizarlo
como forraje, quienes deberían tener un descuento
del 50% y, sin embargo, sólo se estableció
una quita del 25% (Wirsch, 2002)(5).
(5)
Entrevista personal a un productor tambero.
Esta
Resolución no conformó a ninguno de
los dos sectores en conflicto: a los productores porque
deseaban que sus deudas se pesifiquen y a los proveedores
de insumos porque querían cobrar en dólares
como se había convenido. El argumento utilizado
por las empresas nucleadas en la Asociación
de Cámaras de Tecnología Agropecuaria
para justificar su disconformidad fue que la norma
dictada generaba inseguridad jurídica, pues
constituía una modificación arbitraria
de los términos de los contratos de compraventa
libremente pactados y estimaron la pérdida
ocasionada en el orden de los 850 millones de dólares
(La Capital, 09/07/02). Los productores, por su parte,
consideraron que las deudas por insumos rondaron los
500 millones de dólares (Wallace, 2002).
También
los exportadores se enfrentaron con problemas cuando
debieron abastecerse de la mercadería necesaria
para concretar sus ventas al exterior pues, a causa
de la retención de los granos por parte de
los productores, el precio FAS era extremadamente
volátil y, en algunos casos, superó
al precio FOB recibido por los exportadores, como
puede verse en el Gráfico 2 para el caso del
maíz.
Gráfico 2:
MAÍZ. Relación precio FAS y FOB
Puertos Argentinos Up River |
|
| Fuente:
Elaboración propia con datos del Informativo
Semanal de la BCR. |
Otra
de las dificultades provocada por la nueva política
en el período inmediato a su implementación
se relacionó con el comercio exterior. Es cierto
que la devaluación mejoró las posibilidades
de exportar, pero sólo pudieron ser aprovechadas
por las empresas que ya estaban enviando sus productos
al exterior, puesto que la falta de crédito
para despachar muestras o efectuar inversiones en
bienes de capital impidieron o dificultaron la entrada
de nuevas firmas en el negocio de las exportaciones
(Giarrizzo, 2002). De igual modo, se complicaron las
importaciones porque ningún vendedor extranjero
aceptaba cartas de crédito para exportar a
la Argentina y sólo fue posible efectuar compras
externas si previamente el monto de la operación
se depositaba en dólares en el Banco Central
(González, 2002)(6).
(6) Entrevista personal a un asesor
de exportadores.
Consecuencias
sobre la producción
Si bien la devaluación constituyó
un incentivo importante para incrementar el área
sembrada por los productores, los cambios institucionales
y los incrementos en los costos ya mencionados no
facilitaron una respuesta inmediata(7).
(7) Se debe señalar que posteriormente,
otras causales contribuyeron a aumentar el área
sembrada, como el incremento del precio internacional
de la soja.
A
ellos, hay que sumar la falta casi total de financiamiento.
Los bancos habían interrumpido por completo
sus líneas de crédito que en años
normales sumaban unos 2.500 millones de dólares
y también el crédito comercial al sector,
que añadía otros 1.500 millones. También
se debe considerar la dolarización del precio
de los insumos, los serios problemas de aprovisionamiento
de los mismos y la aplicación de retenciones
a la exportación (Longoni, 2002).
Si
se analizan algunos indicadores de utilización
de insumos se observa, por ejemplo, que la reducción
en las importaciones de agroquímicos y fertilizantes
durante el primer semestre de 2002, respecto al mismo
período de 2001, fue de 71% y 42% respectivamente.
Dado que en el corto plazo hay muy poca sustitución
de importaciones, resulta evidente que tal caída
de volumen implicó una menor utilización
de los mismos, en muchos casos básicos para
la producción (Merlo, 2002).
Conclusiones
Los
cambios desordenados ocurridos a fines de diciembre
de 2001 y durante los primeros meses del 2002, alteraron
las reglas vigentes y la estructura institucional,
impactando negativamente en este período sobre
la actividad económica del país y del
sector granario en particular. Este sector, que parecía
ser el más beneficiado por la devaluación,
se vio en los primeros meses parcialmente neutralizado
por las retenciones a las exportaciones y el aumento
registrado en los insumos y en el costo de las transacciones.
Los
derechos de propiedad en este período fueron
vulnerados, al igual que las garantías en el
cumplimiento de los contratos y las normas establecidas,
lo que impuso costos adicionales a los participantes
sectoriales. Tal como lo sostienen las teorías
neoinstitucionalistas y la Teoría de los Costos
de Transacciones en particular, se verificó
que al no poderse contar con contratos perfectos que
prevean la totalidad de las contingencias posibles,
las alteraciones institucionales exacerbaron la incertidumbre,
dando lugar a oportunismo, asimetría informacional,
diferencia de poder negociador entre las partes, etc.
que incrementaron los costos de la cadena con resultados
que no siempre conformaron a las partes.
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